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¿Qué necesitamos para controlar el orden público en conflictos sociales y políticos?

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Lima (Perú) ( Por Sait Miñan) Entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, el Perú vivió una etapa de agitación social marcada por una serie de protestas y manifestaciones, que dejaron un profundo impacto en el país. Según datos de la Defensoría del Pueblo, solo en enero se registraron 1261 acciones colectivas de protesta en todo el territorio peruano. Estos eventos no solo resultaron en la pérdida de vidas humanas, sino que también generaron consecuencias económicas y políticas significativas.

Durante estos actos de protesta, se presentaron dos problemas simultáneos que requieren atención. Por un lado, está la intención de permitir que los manifestantes ejerzan su derecho fundamental a la protesta, incluso cuando se involucren en actividades delictivas e ilícitas. Por otro lado, está la decisión del Estado de recurrir al uso excesivo de la fuerza sin una evaluación y preparación adecuadas. Ambos extremos son violatorios de los derechos humanos y afectan la convivencia pacífica en una sociedad democrática.

En respuesta a esta situación, IPAE Acción Empresarial ha presentado la Propuesta IPAE «Manejo del orden público en conflictos sociales y políticos». El documento, elaborado por Carlos Basombrío, investigador y consultor en temas de seguridad y Policía, ofrece un análisis conciso de los conflictos sociales en el Perú, explica los parámetros para una intervención policial adecuada y plantea propuestas para reducir la frecuencia y gravedad de estos casos.

La propuesta tiene como objetivo mejorar el manejo del orden público en situaciones de conflicto, garantizando el ejercicio de las libertades y la convivencia pacífica en una sociedad democrática, en línea con el Principio IPAE «Seguridad y orden interno que garantizan derechos fundamentales». Aunque se han logrado avances significativos en la profesionalización del personal encargado del mantenimiento del orden público, se sugieren las siguientes medidas:

1.- Extender y fortalecer la formación teórica y práctica en el respeto a los derechos humanos en el uso de la fuerza: Se propone superar la formación meramente teórica mediante la implementación de prácticas efectivas, siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja. Con técnicas adecuadas y ejerciendo la fuerza necesaria de manera inteligente, se puede garantizar la seguridad de los agentes policiales sin incurrir en abusos innecesarios contra los ciudadanos.

2.- Definir protocolos más específicos de toma de decisiones y responsabilidades claras en todos los niveles: Aunque existen múltiples protocolos aprobados a nivel policial, se requiere una mayor autonomía para la toma de decisiones en asuntos relacionados con el orden público, particularmente en situaciones que afecten la política y la economía del país. Se propone una mayor formalización y transparencia en el proceso de toma de decisiones en estos casos.

3.- Fortalecimiento de la inteligencia estratégica y operativa: Es fundamental contar con un conocimiento preciso y anticipado de los antecedentes del conflicto, incluyendo las razones, los actores.

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