LIMA, (Perú), Milagros Chinchay Ibañez.- El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, César Ochoa Cardich proporcionó valiosas aclaraciones sobre el papel y las limitaciones de este influyente órgano en el sistema jurídico peruano. Su pronunciamiento es fundamental para comprender la función y la importancia del TC en el contexto político y legal del país.
Ochoa Cardich comenzó destacando la función principal del TC como el intérprete constitucional de cierre en el país. Enfatizó que el TC no actúa de oficio y emite sentencias únicamente en casos específicos, sin brindar pronunciamientos ni exhortaciones, ya que no es un órgano consultivo. Esta aclaración es esencial para entender los límites de su acción y su enfoque en la resolución de casos concretos.
Uno de los puntos destacados de su declaración fue la mención de un proceso competencial en el TC presentado por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este proceso tiene como objetivo determinar si existe interferencia o menoscabo de competencias o atribuciones del Ministerio Público, lo que subraya la importancia del TC como árbitro en conflictos de este tipo.
El magistrado Ochoa Cardich también hizo referencia a una demanda de hábeas corpus presentada ante el Poder Judicial a favor de los siete miembros de la JNJ y contra el Congreso, Patricia Benavides y una jueza. Aunque no se pronunció sobre esta demanda en particular, resaltó que los hábeas corpus buscan proteger derechos constitucionales relacionados con la libertad individual, destacando así la relevancia de la protección de los derechos fundamentales en el sistema peruano.
En su declaración, el magistrado subrayó la importancia de que todos los poderes en un estado constitucional estén sujetos a controles, siempre dentro de límites definidos y respetando el debido proceso, con el fin de evitar la arbitrariedad. Esta afirmación resalta el compromiso del TC con el estado de derecho y la protección de los principios fundamentales de la Constitución peruana.
En cuanto al control judicial de actos parlamentarios, el magistrado Ochoa Cardich explicó que este se puede ejercer si se verifica una afectación o vulneración de derechos fundamentales, como el debido proceso. Hizo hincapié en que la jurisprudencia del TC asegura el derecho al debido proceso en procedimientos parlamentarios, lo que permite al Poder Judicial ejercer el control constitucional de los actos parlamentarios en caso de infracción.
Finalmente, el magistrado expresó su preocupación por el clima de polarización en el país y llamó a la reflexión y ponderación de todos los actores políticos y sociales. Destacó la importancia de tomar decisiones basadas en la razón en lugar de la pasión, especialmente en cuestiones relacionadas con el juicio político y el control político.
La declaración del magistrado Ochoa Cardich arroja luz sobre el papel crítico del TC en el sistema jurídico peruano y su compromiso inquebrantable con el respeto de los derechos fundamentales y el debido proceso en el ámbito parlamentario, contribuyendo así a una comprensión más profunda de su relevancia en el marco legal del país.
